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Haciendo un poco de historia del joven sistema de bienestar español[1].

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El sistema de Bienestar Social en España es relativamente joven comparado con otros estados europeos como Suecia que en 1918 transfirió la responsabilidad de cuidar a quien requiriera ayuda a los gobiernos locales con el gobierno nacional a cargo de proveer apoyo administrativo. Se estableció con la Constitución Española en 1978, contando con tan sólo 35 años. Sus objetivos fueron tremendamente radicales si se tiene en cuenta la situación histórica previa caracterizada por un estado centralista donde el sistema de atención social carecía de todo tipo de coordinación que garantizara a los ciudadanos de manera universal el derecho a unas prestaciones básicas sociales. Algo que se conseguirá posteriormente, en 1988, a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas.

Los objetivos de este nuevo y joven sistema de Bienestar social en España fueron: asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de la población en su conjunto a través del principio de derechos sociales para todos los ciudadanos; asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos público de una manera articulada; prevenir la marginación y la pobreza a través del desarrollo social y planes de reducción contra la pobreza; promover la solidaridad entre las instituciones y ciudadanos y entre los mismos ciudadanos; asegurar un tratamiento adecuado para las necesidades sociales; promover la calidad de vida a través de unos roles profesionales adecuados y de la participación ciudadana.

A pesar de lo obvio que estos objetivos pudieran parecer en un Estado Social y de Derecho como es el español en la actualidad, su acento se hace necesario debido a precisamente al contexto político y social del que se partía previamente y, en el que nos encontramos ahora, una profunda y estructural crisis económica, social y política. En este sentido, la historia no sólo nos enseña quienes fuimos sino hacia donde debemos ir y que caminos evitar por haberse conocido y experimentado sus nefastas consecuencias. Sin embargo, esto no es lo que está ocurriendo hoy en día.

La dictadura política determinó una mentalidad asistencialista en los modelos de intervención social. La ayuda social no era un derecho de la ciudadanía sino una acción graciable dependiente de la “buena voluntad”, mayormente subordinado a la iglesia católica, a través de una acción social carente de todo tipo de planificación en la provisión de servicios sociales. La Constitución posteriormente reconoció tres niveles de reorganización territorial, estatal, regional y municipal, rompió con la centralización previa y permitió la articulación de Leyes autonómicas de servicios sociales al construir un nuevo mapa administrativo en esta materia. El Estado se reservó la competencia exclusiva para regular básicamente aquellos sectores relacionados con la implementación de la política social. Así se aseguraba la universalidad de los Servicios Sociales a todos los ciudadanos independientemente de la administración territorial de la que dependieran.

La promulgación en 1985 de la Ley de Bases de Régimen Local, estableció la obligatoriedad de los Ayuntamientos a prestar Servicios Sociales derogándose y sancionando jurídicamente la Beneficencia Pública. La ley garantizaba la prestación de servicios sociales básicos en todo el territorio superando el carácter asistencialista del periodo anterior que establece la obligatoriedad de prestar servicios sociales por parte de los ayuntamientos. El 5 de Mayo de 1988,  se creó el Plan concertado para la Prestaciones Básicas de Servicios Sociales entre el aquel entonces el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los respectivos Gobiernos autonómicos con una serie de objetivos, compromisos, servicios y prestaciones. Sus objetivos eran: asegurar unos servicios sociales básicos para todos los ciudadanos, proveer una alta calidad de servicios de acuerdo con las necesidades de cada región y localidad, construir una red pública que facilite la provisión de servicios, cooperar con los gobiernos locales en la gestión de los servicios sociales. A la luz de estos objetivos se acordaron cuatro compromisos entre las distintas administraciones: el de cofinanciación, a través del cual la Administración estatal se compromete a cofinanciar el Plan desde los Presupuesto Generales del Estado, las Comunidades Autónomas se comprometen a contribuir una cantidad igual o mayor al del Estado y las Autoridades Locales contribuirán según las circunstancias particulares y aquellas que determinen las Comunidades Autónomas; el de gestión, donde las Comunidades Autónomas tiene competencias exclusivas en el desarrollo normativo y de planificación y definen prioridades, las corporaciones locales tienen obligaciones en la provisión de Servicios Sociales y en la propiedad y mantenimiento de servicios y equipos; el compromiso de información, que responde a la necesidad de seguimiento del cumplimiento del plan y de sus objetivos y efectividad; y el compromiso de asistencia técnica, que trata de promover la formación de los profesionales y de proveer de asistencia técnica.

La precarización de los Servicios Sociales y sus implicaciones en el bienestar de la ciudadanía.

Los servicios sociales básicos recogidos por el plan eran: información, valoración y asesoramiento para facilitar a los ciudadanos y a la comunidad en general información y conocimiento sobre el acceso a los recursos sociales en una relación profesional de ayuda asegurando los derechos sociales de todos los ciudadanos y ciudadanas recogidos en el Sistema de Bienestar Social Español; el Servicio de Ayuda a Domicilio, que provee a través de personal cualificado un grupo de acciones preventivas y formativas y de rehabilitación para las personas que necesitan asistencia en sus hogares; servicio para la coexistencia y la reintegración social que incluye programas de prevención desde enfoques comunitarios y que incluye los programas para familias, atención a la infancia y de inclusión social; y por último el servicios para la cooperación social a través del que se establecen programas de colaboración con iniciativas de sectores sociales o tercer sector. Entre los equipamientos que recogía el Plan se encuentran los centros de servicios sociales, las casas de acogida, centros de estancia diurna y comedores sociales entre otros, además establece que para municipios de más de 20.000 habitantes deben de haber al menos dos trabajadores sociales, un psicólogo y un educador. Sin embargo, en los últimos tres años el presupuesto del Plan se ha reducido en más de un 60% y ha aumentado el 40% de usuarios de servicios sociales debido al contexto de crisis. Literalmente, según el informe del 2012 de la Asociación Española de Directores de Servicios Sociales la reducción ha supuesto el cierre de 582 centros de servicios sociales, el despido de 12,265 trabajadores, una reducción de usuarios directos de 6 millones a 3, una reducción de usuarios de ayuda a domicilio de aproximadamente 800,000 a 400,000; la reducción de al menos la mitad de los usuarios de servicios de prevención e inserción de 1 millón a 730 mil; la reducción de servicios alternativos de hospedaje de 160 mil a 83 mil; la reducción de la generación de empleo de usuarios de 160 mil a 83 mil usuarios.

Las implicaciones de estos recortes son muy graves en varios sentidos: por una parte, la desarticulación del sistema de prestaciones sociales a través del Plan concertado y la Ley de Bases de Régimen Local (aún en borrador) está reduciendo y eliminando el derecho de la ciudadanía a la satisfacción de sus necesidades sociales convirtiéndolos, como en la época preconstitucional, en un aspecto meramente graciable; por otra parte, la reducción y eliminación de los derechos sociales que el sistema de bienestar social español recoge en sus objetivos ha aumentado la desigualdad social y está creando una importante fractura social donde las clases altas y medias son cada vez menores y las clases populares son cada vez mayores y más pobres. Según la a Encuesta de Población Activa (EPA), que en abril publicó los datos del primer trimestre del año, calculó que en España hay 6.202.700 parados.

Las perspectivas en las reformas para el futuro próximo son también desalentadoras.  La propuesta de reforma de la Administración Local se fundamenta en el principio de equilibrio presupuestario sustituyendo así al anterior de proximidad al ciudadano para facilitar la gestión de servicios. Los municipios pierden comptencias prestacionales que pasarán a depender de lo que las autonomías establezcan de acurdo a unas garantias financieras “adecuadas”.

Propuestas de base:

acciones colectivas de movimientos ciudadanos, la marea naranja.

A modo de conclusión cabe hacer referencia a las acciones colectivas que se están llevando a cabo como consecuencia de los recortes y reformas. Éstas se refieren a acciones comunes que requieren de la participación e implicación de un grupo de personas que comparten intereses dentro del grupo. Autoras como Meinzen-Dick et al. (2004), explican la importancia de la efectividad de sus acciones referiendose a la habilidad de los grupos para satisfacer sus propuestas y al impacto referido a los cambios que van más allá de propuestas inmediatas.

La Marea Naranja es un movimiento social joven, creado como expresa su manifiesto por profesionales, estudiantes y ciudadanos preocupados por la actual situación socioeconómica y comprometido en informar sobre políticas sociales discriminatorias. Concretamente denuncian aquellas reformas que impliquen la reducción del gasto social y el desmantelamiento del sistema público de servicios sociales con leyes como la reforma de la Administración Local mencionada anteriormente, o la privatización de servicios sociales como el de Galapagar en la Comunidad de Madrid. 

Es un movimiento que se articula de manera horizontal y está actuando con gran agilidad, gracias a la conexión que permiten las redes sociales de internet, a los rápidos cambios  que influyen de manera directa en los derechos sociales de la ciudadanía a pesar de las demoras que el trabajo horizontal y los debates colectivos suele imponer en las acciones de estos movimientos. Sin embargo, el impacto de sus acciones están aún por medirse debido a dos cuestiones fundamentales: su reciente creación y la rapidez con la que se están llevando a cabo las reformas en el estado de bienestar.

Esperemos que como acción colectiva se transforme en un fuerte movimiento social capaz de transformar o reducir el actual impacto de las políticas neoliberales sobre los derechos sociales de la ciudadanía que tanto costaron conseguir en el caso español. Como indica Castell (2012) que sea una red de indignación y también esperanza

Roser Manzanera Ruiz


[1] Este documento contiene las notas de clase impartida el 13 de mayo de 201 3en la School of Applied Social Science de la University of Brighton para estudiantes de Política Social.

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