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Somos un colectivo de profesionales inmersos (o dedicados a la intervención social) en la intervención social y con la firme convicción de la responsabilidad pública del bienestar de la ciudadanía. Por ello, no podemos obviar lo que sucede a nuestro alrededor, máxime en estos tiempos en los que la desigualdad se acrecienta y los servicios destinados a la ciudadanía disminuyen.

La crisis económica como punto de inflexión y el establecimiento de un sistema social de partida injusto ha provocado la vulnerabilidad generalizada de la población y la respuesta, por el momento insuficiente, de los servicios sociales, los cuales se encuentran colapsados sin las herramientas necesarias para dar respuesta a las demandas, pérdida de puestos de trabajo y la burocratización excesiva de los servicios. Algo que sin lugar a dudas, está sucediendo con el resto de sistemas favorecedores del cambio, impulsores de la autonomía del individuo y que procuran la mejora en la calidad de vida, como la sanidad, la educación, el empleo.

Sistemas como servicios sociales, educación y sanidad en los que la mujer tiene una gran representación y que peligra con las medidas tomadas en los últimos tiempos.
Como agentes de cambio social no podemos dejar de alertar que vamos a la deriva si concebimos un Estado de Bienestar con:

😦 Menor inversión en políticas activas de empleo y desvalorización de las políticas pasivas como tránsito hacia la inserción laboral. Afectando, ¿cómo no? En mayor medida a personas en riesgo de exclusión social, mayores de 45, mujeres, discapacitados y dificultando el acceso a la renta activa de inserción siendo necesario tener 55 años.

😦 Destrucción de empleo e incremento de trabajos precarios.

😦 Invisibilidad de las personas inmigrantes, azotadas por el desempleo, pérdida de vivienda y a lo que se le suma la situación administrativa irregular, limitando de este modo el acceso a los recursos.

😦 Jóvenes que a pesar de su alta formación engrosan un alto porcentaje de las listas del paro y cuya salida es emigrar para transferir todos sus conocimientos en el extranjero, sin tener en cuenta la importancia del capital social para logra el avance en una sociedad igualitaria.
😦 Personas que pierden su vivienda y que deben continuar pagando una hipoteca, siendo su única salida el retorno al hogar familiar, compartir piso con otras familias. A esto tenemos que sumar los datos facilitados por el INE en 2012 sobre personas sin hogar atendidas en centros sociales, de los cuales el 32% perdieron su vivienda durante ese año, hablamos de un total de 23.000 personas.

😦 Paralización en el trámite de dependencia, mientras las personas quedan a la espera de la obtención de un recurso. Acceso a un recurso que tras la normativa publicada en 2012 se verá mermado, disponiendo de un menor número de horas de ayuda a domicilio, reducción en la cuantía de la prestación económica de las personas dependientes atendidas en la familia e imposibilidad de acceder al convenio de personas cuidadoras en la seguridad social para las personas que solicitan dicha prestación por primera vez. “Ni que decir tiene” que los cuidados recaen en la familia siendo principalmente la mujer la que los asume.

😦 Eliminación de recursos como la teleasistencia (a nivel municipal y provincial), servicio que atendía a un gran número de personas mayores desde la proximidad y cercanía que proporciona un servicio con sede en la provincia y que facilitaba la unidad móvil en situaciones de emergencia.

Por último, incidir en las diferencias que se crean dentro de una misma provincia, la diferencia radica en el lugar en el que resides; si vives en un pueblo de menos de 20.000 habitantes tendrás menos posibilidades de acceder a los ya escasos recursos o a posibilitar el cambio necesario en tu vida, ya que la Diputación Provincial, ha optado por prescindir de los recursos humanos.

Fdo. Sonia.

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