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L@S DIRECTOR@S DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES APOYAN LOS RECORTES DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

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El Sistema Público de Servicios Sociales es complejo de explicar en cuatro líneas, tanto en su nacimiento y desarrollo en España, como en su peso específico en las Políticas Sociales. Digamos que no cabían en la cabeza de los padres de la Constitución la evolución de las problemáticas sociales que debe abordar el Estado lejos de la beneficencia.

Este Sistema llega tarde a la consolidación como un gran pilar, y en el camino ya está siendo atacado. Sólo el Sistema de la Dependencia ha logrado introducirse en la comprensión de la ciudadanía, gracias, entre otras, a la Ley que la rige, que establece derechos subjetivos y donde las autonomías tienen un peso muy importante en su ordenación. Pero, a la vista está, se permiten ritmos diferentes en su desarrollo según Comunidades Autónomas, demoras en su implantación, reducciones en el impacto e intensidad de los servicios; Es decir, se permiten desmantelamientos encubiertos bajo el manto de la reducción presupuestaria y la “crisis” dirigida.

Salvando pequeñas distancias, es como si se eliminaran de la educación obligatoria algunos tramos de edad, y en unas Comunidades se impartieran todos los cursos y en otras no.

En 1988, y a falta de una Ley de Servicios Sociales de ámbito estatal, se diseñó el Plan Concertado con aportaciones del 33% (Administración del Estado, Autonómica y Local) y del que en estos días pasados se ha descabalgado la Administración Central para próximos ejercicios. Aquel Plan buscaba la financiación compartida para la implantación y mantenimiento de Prestaciones Básicas en todo el Estado: los Servicios de Información y Orientación, los de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, Servicios de Alojamientos Alternativos (Residencias, Albergues, Casas de Acogida, etc), Servicios de Prevención e Inserción Social (donde, en Andalucía, se inscriben Ayudas Económicas a Familias o Emergencias Sociales).

Ello generó la necesidad de profesionales. A esto, le siguieron normativas autonómicas y locales sobre Servicios Sociales de Atención a Menores y Familias, a Mujeres Víctimas de Violencia, sobre Vivienda, de Educación Social, de Drogodependencias, de Atención a la Discapacidad, y un largo etc; Además de otros programas estatales del IMSERSO para Mayores.

Todo esto ha depositado toda o parte del peso de la gestión sobre estos profesionales de Atención Primaria (…ya que estaban ahí, junto a l@s ciudadan@s), y por ello, la demanda de la población y sus necesidades han provocado/logrado/pedido el desarrollo de una Red Pública de Servicios Sociales descentralizada y local que hoy llamamos Servicios Sociales Comunitarios.

Éstos llegan a canalizar casi toda la demanda social del Sistema, incluido el acceso al Sistema de la Dependencia, como en Andalucía, y que se ubican principalmente en los Ayuntamientos de toda España. Al igual que la oposición de la opinión pública a retirar centros de salud de atención primaria y ambulatorios cercanos a nuestros domicilios donde están “nuestr@s médic@s, enfermer@s, pediatras, auxiliares clínicos, administrativ@s, celador@s, la población consciente de la necesidad de la cohesión social y de Justicia Social, nos oponemos al desmantelamiento de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios donde están nuestros trabajador@s sociales, educador@s sociales, psicólog@s, animador@s socioculturales y administrativ@s de nuestros Ayuntamientos.

España tiene 8.116 municipios, Andalucía 771, y 168 de ellos están en la Provincia de Granada. Este Sistema Público hace que hacen que dispongamos a nuestro servicio trabajador@s sociales por cada 5.000/6.000 habitantes (ratios), algo más de población para los educador@s sociales, y todavía más para l@s psicólog@s. Las poblaciones más pequeñas pueden gozar del acceso a los mismos recursos sociales de carácter público que los habitantes otras poblaciones mayores y más emergentes, económicamente hablando. Dado el envejecimiento de la población, el encarecimiento de la energía para transportes, la dualización de la sociedad, etc. no es poco mantener dicha cohesión social. El análisis es más complejo, no quisiera ser simplista, pero sí querría hacer comprender la dimensión del problema.

A diferencia de Ayuntamientos grandes de la misma Provincia, en la Diputación de Granada, que presta su servicio a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, se han despedido a 35 de estos profesionales. En la Provincia hay 13 Centros con sus respectivos Director@s al frente y unos Servicios Centrales en la capital que suman alrededor de 300 profesionales. Quites de aquí para poner allí, o al revés, usando cualquier tipo de matemáticas simples, estos despidos, en la situación social de crisis que se vive, disminuyen la atención social que recibimos.

Se hagan los cálculos que se hagan, no sólo baja la calidad del servicio que se presta (dilatando los tiempos de respuesta en la gestión de recursos, a modo de listas de espera en los centros de salud), sino que se hace un agujero en términos de Justicia Social, porque disminuye, por ahora, en más del 10% una plantilla que hace posible que la ciudadanía acceda a los recursos que son nuestros derechos sociales adquiridos.

A mitad de diciembre, sólo conocíamos el recorte del 40% sobre 2012 de la parte estatal del Plan Concertado para 2013 (que ya venía reduciéndose año a año). Y sin haberse publicado con concreción ningún presupuesto autonómico muchas Diputaciones andaluzas y muchos Ayuntamientos “mayores” –también en nuestra Provincia- se apresuraron a formalizar en Mesas de Negociación o directamente, mecanismos de estabilidad financiera hacia la plantilla de laborales contratados para garantizar la prestación de estos Servicios.

En cambio, la Diputación de Granada anunció 24 despidos de profesionales cuyos contratos eran afectados: 13 por Programas de la Junta de Andalucía (4 del Programa de Solidaridad –Renta Mínima-, 2 del Programa de Atención a Inmigrantes, y 7 de Ayuda a Domicilio), y otros 11 por un tipo propio de la entidad cuyo contrato-objeto refiere “Implantación de Dependencia”. En opinión de la Diputación, sin información publicada, todo se debía a recortes de la Administración Autonómica, y principalmente en recortes a la Dependencia.

La mayoría de las fuerzas sindicales, l@s afectad@s, y la Marea Naranja de Granada, constataron que nunca hubo disponibilidad real de negociación, sólo manifestaciones a cada acción de protesta.

A final del mes, la Junta de Andalucía publica sus presupuestos, incrementando algunas partidas de Programas. Pero, según el Acuerdo de 28 de Diciembre, fijaba la financiación del Programa de Refuerzo de Dependencia a la Entidad Local (que costeaba 16 trabajador@s sociales y 18 auxiliares administrativ@s para el desarrollo de la ley), con un decremento de alrededor del 50% y condicionando el Programa al mantenimiento de l@s trabajador@s sociales, dejando para casos excepcionales y obviando la necesidad de administrativ@s, cuyo mantenimiento lo descargaba sobre el esfuerzo económico de las Entidades Locales. Aquellas Entidades Locales que habían blindado su personal días antes, encontraron en esta financiación un desahogo ante las malas perspectivas de falta de financiación.

Mientras, la Diputación de Granada, encontraba una excusa para despedir nuevamente a 18 auxiliares administrativ@s, con el mismo argumento de recortes autonómicos continuando con la nula voluntad política y la misma dejadez, al contrario de otras Diputaciones y Ayuntamientos. Simultáneamente y en un acto propio del Gran Hermano, el 28 de Diciembre de 2013, último día hábil en la Diputación de Granada, sobre las 14.00 horas, se nominó a 7 trabajador@s de los 24 despedid@s, para informarles de la renovación de sus contratos de forma temporal con el argumento que éstos trabajador@s se vinculaban al Servicio de Ayuda a Domicilio.

Para acomodar la plantilla diezmada, la Diputación, el Área responsable y su Jefa de Servicio, solicitaron a l@s Directores de los Centros (con responsabilidad operativa, no táctica), una nueva acomodación provisional de los efectivos (menos el de 35 personas despedidas). Olvidándose de procedimientos establecidos, de movilidad de personal (regulada), de ratios de población, etc., ést@s optaron por aportar nuevas soluciones, redistribuir, eliminar puestos de trabajo, y, en su caso, solicitar algunos puestos vacantes al Área, y que tendrán que salir del personal de los Servicios Centrales. En recientes años pasados, peleaban por aumentar su plantilla.

Asumen que el mismo trabajo, o más -dado un incremento real de la demanda- podrá realizarse antes y ahora. La excusa: la escasa grabación de algunas demandas y en algunas zonas –las más problemáticas- en los soportes informáticos. ¡¡Puag!!. A principios de año el Diputado responsable coincidía con los profesionales: el trabajo está en las calles de las localidades, en los domicilios, con las familias, con los menores y mujeres, en coordinación con otros profesionales, y no a estar metidos en un despacho tecleando.

En el Pleno, celebrado hoy, 25 de Enero, la Diputada responsable del Área ha justificado la normalidad de la situación en las demandas de estos Director@s, ya que se ajustaba a las necesidades del servicio, esto es, tod@s los profesionales menos 35.

En Madrid muchos de los Directores de Centros de Salud y Servicios Hospitalarios han dejado u ofrecido sus cargos ante la amenaza de la privatización y los recortes.

En cambio, éstos han optado por el silencio y por fomentarlo, por la comodidad, el inmovilismo y la normalización, conservando sus puestos y sueldos, y sin entender que, con su actitud, han dejado sin carretera a l@s ciclistas. Incrementan el volumen de trabajo de sus compañer@s, pierden la calidad del servicio que prestan, desacreditan sus propias necesidades, y un largo etcétera de deshonores. Han sido tácticos y estratégicos, poco operativos.

Los demás empleados públicos, funcionari@ y laborales, no vamos a estar ni a la derecha ni a la izquierda; ya sólo estamos abajo, y vamos a por los de arriba. En este camino naranja, no iremos de la mano de ell@s, porque han elegido estar arriba.

El Presidente ha logrado su objetivo y ya 35 profesionales están “en la calle”. Siendo los Servicios Sociales, como dijo, el corazón de esta Entidad Local, es evidente que los malos hábitos estén haciendo que tenga grave riesgo de infarto. Constatamos.

Fdo: Sebastián

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