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Publicado en GranadaiMedia

Ésta no es la España en la que creo
Hoy, como el resto de días laborales, me he levantado y, ¿cómo no?, me he mirado al espejo antes de salir. Hoy, especialmente, me he sorprendido conmigo misma. Soy igual que mi madre: la ropa, la cara y, a excepción de la miopía (soy un poco “gafa pasta”), el resto todo igual. Lo cierto es que no es de extrañar si tenemos en cuenta que, como mi madre, seguramente regresaré a las tareas domésticas.
Tengo 34 años y soy trabajadora social. Pertenezco a uno de los sectores más dañados en cuanto a recortes se refiere. Las mujeres conseguimos profesionalizar el rol que nos había dispuesto la sociedad en forma de gran piedra que nos llega a oprimir y asfixiar, e imagino que para los libres pensadores que nos gobiernan, “por obra y gracia de Dios”.
Nosotras, las mujeres, copamos sectores como la educación, la salud y servicios sociales, todos ellos destinados a procurar el bienestar y promocionar al individuo en todas sus esferas y, por ende, colaborar de manera directa en el desarrollo de una sociedad avanzada. O ¿acaso la salud no incide en la productividad del individuo, la educación no alienta a aquellas personas que desean innovar, los servicios sociales no permiten mejorar las condiciones de vida y la participación de todos? No seamos de miras estrechas.
Tendemos a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, todo ello alimentado por micromensajes del tipo: esto es inviable; el bienestar que hemos disfrutado correspondía a otra situación económica; hemos vivido por encima de nuestras posibilidades; tenemos que realizar otro pequeño esfuerzo; las huelgas son irresponsables y recetas del tipo donde “caben dos caben tres, o cuatro, o cinco…”, un aula de cincuenta no estaría mal, máxime cuando la efervescencia que produce educación para la ciudadanía no tendrá lugar, supongo.
“Siento malestar por el rumbo que toman los servicios sociales, percibo que se disipa todo lo que se había logrado”
34 años de historia nos separan del primer reconocimiento, a duras penas, del sistema público de servicios sociales actual. Era importante que la Constitución recogiera como tal, dentro de las competencias de las comunidades autónomas el acceso al mismo, apareciendo el término de Asistencia Social en su artículo 149.20 y servicios sociales en su artículo 50, aparejado éste a las personas mayores. Para aquellos años era todo un logro y aún quedaba mucho camino por recorrer.
Tras el reconocimiento en las distintas comunidades, siempre en el marco del Plan Concertado, en el que se proponían las actuaciones básicas destinadas a la ciudadanía, se ensalzaba el carácter técnico de las prestaciones que coexistía con la asistencia social, que es aquella que se reconoce por la cobertura de las necesidades básicas del individuo, siempre y cuando estuviera probada su necesidad (he de decir que en esto último hemos avanzado poco, y esto es debido a que hemos sido conscientes de la situación económica).
Durante la década de los 80 proliferan las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas y la Ley de Bases de Régimen Local en 1985 en el que se reconoce al municipio como escenario privilegiado. En este sentido se resalta el reconocimiento a través del artículo 25.2.k y 26.1.c, artículos en los que se despunta que el municipio tiene competencias para la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social.
Un importante salto cualitativo fue la ley de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en 2006 con el reconocimiento de un derecho subjetivo y con prestaciones, como la de cuidado en el entorno familiar, se puso en marcha el reconocimiento a la labor que muchas mujeres, sobre todo de 50 a 60 años que llevaban realizando décadas, y esto a pesar de poner en riesgo la reclusión de la mujer en el ámbito privado si no se acompañaban de medidas paralelas. Toda una perversión del sistema, aún así, un reconocimiento merecido.
Al igual que gran parte de la sociedad, siento malestar por el rumbo que toman para resolver la situación y, todo lo que se había conseguido, percibo que se disipa por una pérdida de financiación, como sucede con el Plan Concertado y por las modificaciones pretendidas en la Ley de Bases de Régimen Local.
“No podemos permitir que la prestación de servicios sociales se convierta en algo similar a la beneficencia”
Ahora se acomete el desahucio de los servicios sociales municipales. La competencia de los ayuntamientos de la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social (artículo 25.k) se deja en una mera asistencia social primaria, (recordemos que la asistencia social se configura como individualizada para dar cobertura a necesidades básicas) y el Bienestar, pero ¿qué tipo de bienestar? El acorde a la situación que vive la mayoría de la sociedad o limitar la actividad a dar de comer sin preocuparse de promocionar al individuo para la cobertura de otras necesidades como el empleo, la vivienda, la salud.
El Bienestar es un valor socialmente compartido y se establece para que toda la sociedad disponga de los recursos que cubran las necesidades, pero ¿cuáles?, si previamente nos martillean el cerebro para que aceptemos las necesidades más perentorias como la alimentación y nada más. Para ello, ya han incrementado sustancialmente la financiación de determinados organismos muy samaritanos. No podemos permitir que la prestación de servicios sociales que se refleje próximamente en el art. 26 de Ley de Bases se convierta en algo similar a la beneficencia. Así no conseguiremos ningún avance, ni social, ni científico, ni laboral porque limitamos las oportunidades de más de la mitad de la población.
Olvidamos con cierta facilidad, que venimos ¿de dónde? y cerramos los ojos para no ver ¿hacia dónde vamos?
El Bienestar es una declaración de principios, por lo que cada gobierno optará en función de la ideología a instaurar. Es arriesgado dejar en según qué manos nuestro destino, tenemos que decidir qué papel queremos jugar.
(18-12-2012)
Publicado en la web de GranadaiMedia
Artículo de opinión de Sonia Vega, trabajadora social

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