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UNA BATALLA SOCIAL

una batalla social

Todos los que tenemos un mínimo de conciencia social compartimos la necesidad de introducir en el debate político nacional el gravísimo problema de pobreza que tienen millones de personas a nuestro alrededor. El problema de estas personas no es algo que les incumba solamente a ellas. Su problema es el problema de todos, pues afecta a uno de los pilares básicos de nuestro modelo democrático: La Igualdad, es decir el acceso de todos y todas a los servicios a los que tenemos derecho, por los que hemos trabajado tanto en este país.

Soy el asesor del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento Granada, una ciudad gobernada ya durante más de 10 años por el PP, y que sufre con dureza las políticas más radicales y conservadoras. Basta recordar que  el pasado 1 de abril, Torres Hurtado y Fernando Egea eliminaron el servicio de teleasistencia domiciliaria a 4.000 personas mayores, el famoso servicio del botón, sin prácticamente informar, casi a escondidas.

Vengo del ámbito municipal. Considero que los ayuntamientos, como Administración más cercana, son los primeros en poder tener capacidad de reacción para solucionar los problemas, cada vez más urgentes, de tantas personas. Y mientras desde el PSOE se trabaja para dotar de más capacidad a los consistorios, el PP, con su reforma de lo Local, precisamente quiere acabar con la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ser generadores de soluciones. La destrucción de los servicios sociales comunitarios es una realidad que nos golpea, que nos duele, en el preciso instante en que su tarea puede y debe ser más acuciante, pues la demanda ciudadana ha crecido de manera exponencial.

Los poderes públicos, las instituciones tienen la obligación de poner soluciones sobre la mesa. Sin embargo, vemos con tristeza cómo en este país, también en mi ciudad, el camino elegido es justamente el contrario, el de castigar al que menos tiene, de de penalizar la miseria.

Es necesario que la política aporte vías de escape, abra puertas a estos problemas. Hace un par de semanas, el PSOE lanzó un paquete de medidas que iban en esa dirección. Una de ellas es la de destinar 400 millones de euros a políticas municipales que luchen contra la exclusión social. En este caso es perentorio que se asegure que ese dinero es posible sacarlo y que se puede hacer sin aumentar más los dolores de la ciudadanía. Al parecer, la idea es sacar ese dinero de una lucha mucho más eficaz contra el fraude fiscal, lo que permitiría aflorar un dinero que se pueda destinar a tal fin. Pero más allá de eso, también hay que asegurar que el dinero, una vez logrado, se destine a la meta, que no es otra que la lucha contra la exclusión social. Una cantidad de dinero así no puede ser usada para afianzar las políticas asistenciales, benéficas, confesionales, que muchos ayuntamientos, también el de Granada han puesto en marcha.

Hoy día hay herramientas que permitirían dos cosas. Por un lado permitir que la ciudadanía fiscalice hasta el último céntimo de ese dinero con la intención de impedir su mal uso. Por otro, que sea la propia ciudadanía la que con su participación, determine qué proyectos, qué fórmulas son las más adecuadas para destinar ese dinero. Las medidas políticas no se deben quedar en grandes titulares, han de acompañares de instrumentos que las hagan eficaces y eficientes. Si no, adolecerán de credibilidad.

Juanjo Ibañez

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