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¿Cómo llegamos a que los servicios sociales estén al borde de la extinción?

gente con bocaditos

 Tengo una deuda pendiente con la marea naranja de Granada, ya que hace casi dos meses me pidieron colaboración en su blog y que escribiera algún artículo sobre el estado actual de los servicios sociales, por fin hoy voy a poder cumplir con este compromiso.

 Para empezar quiero trasladar todo mi apoyo a unos profesionales que, a lo largo de la historia del Estado del bienestar social en nuestro país han sabido defender y cuidar unos servicios sociales que son imprescindibles para muchos ciudadanos y ciudadanas, nos afectan a todos, pero especialmente a los que sufren la exclusión social, a inmigrantes, a mujeres maltratadas, a personas sin hogar, a dependientes, a menores en riesgo, así como un largo etc

Para mí, como cargo público de IU, como militante desde hace 20 años en movimientos sociales contra la guerra, el movimiento feminista o más recientemente en la plataforma contra la crisis creada en Granada en el 2008, y, como licenciada en Derecho y especialista en Derecho Internacional Privado, o lo que es lo mismo, en Extranjería, nuestro Estado Social y Democrático de Derecho nunca ha alcanzado los niveles mínimos de aceptación para ser considerado como un estado del bienestar, independientemente de que es ahora, en la situación actual, cuando estamos asistiendo al más feroz retroceso en políticas sociales y en derechos conquistados por la ciudadanía.

Creo firmemente, por ser parte de la clase trabajadora, en la conciencia de clase como base para la lucha, y por tanto, considero que las decisiones que se toman políticamente deben ir en esta dirección, de lo contrario, se cometen muchos errores, intencionados o no, de los que se producen consecuencias gravísimas posteriores para la ciudadanía. Y este el caso de la reforma de la administración local, reforma que tiene su asentamiento en la reforma constitucional exprés efectuada hace dos años por el PP y avalada y apoyada por el PSOE. De aquellos polvos, estos lodos. Sí, porque cuando se reformó el artículo 135 C.E., con premeditación y alevosía durante un verano sin consultar a la ciudadanía y confeccionada exclusivamente para blindar el gasto público en beneficio de la banca, se hace para limitar paralelamente el gasto social. Y esto supone, a día de hoy, padecer un Gobierno que se está esmerando en aplicar el resultado de aquella reforma constitucional y que da lugar a esta reforma de la administración local.

Defender los servicios sociales y denunciar por tanto los recortes en gasto social debe ser coherente con las decisiones tomadas previamente, muchos carecen de legitimidad para hacerlo, ya que al apoyar que se salde la deuda bancaria en perjuicio de los gastos sociales es ponerse del lado de las entidades financieras y contra las personas más desfavorecidas. Hace falta más honestidad, más humildad y más asunción pública de los errores cometidos.

Hoy estas consecuencias son nefastas, en Andalucía peligran 40.000 empleos públicos, puestos de trabajo en los servicios sociales, el lugar al que acuden cientos de personas para solicitar apoyo y recursos municipales, el lugar al que, si no decimos alto y claro NO al desmantelamiento de los ayuntamientos, quedará como un mero buzón de voz donde la ciudadanía más necesitada dejará su queja y está permanecerá dormida en un cajón hasta que aparezca esa empresa con costes estándar donde los servicios dejarán de ser sociales para ser un negocio con el que sacar rentabilidad de las miserias y de los padecimientos humanos. Muchos, ni podrán contarlo porque la falta de ayudas públicas acabará directamente con vida.

Tenemos que ser más fuertes organizativamente en los movimientos sociales así como desde la poĺítica, ya que el ataque diario del Gobierno Central a Andalucía, tras perder las elecciones autonómicas supone haber recortado más de 280 millones de euros en una de las situaciones más dramáticas que se viven hoy: la dependencia, este es solo el inicio, porque no tienen intención de parar hasta que acaben con todo, y hay que señalar culpables y exigir responsabilidades. Pero sobre todo hay que frenar el desmantelamiento de un sistema público de atención social que si no lo evitamos acabará gestionándose por empresas privadas y haciendo que además de excluidos, las personas se endeuden para poder recibir asistencia social, que para IU es mucho más que cubrir una necesidad básica, creemos que hay que invertir en el fondo de los problemas sociales e ir a la raíz, de lo contrario se instala un sistema permanente de ayuda sin contraprestación y esto influye claramente tanto en la percepción que se tiene de que los servicios sociales son para los que no tienen recursos como en el hecho de que los que están en el nivel más bajo de posibilidades, acudan a los mismos a que se les de limosna y no a contribuir al empoderamiento activo y copartícipe en la emancipación de la ciudadanía.

Mucha tarea pendiente, pero con ilusión, constancia y convicción les pararemos.

Maite Molina Navarro

 

 

 

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