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Profesionales miembros de Marea Naranja Granada reflexionando sobre el “Decreto-Ley 7/2013 de 30 de Abril de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la lucha contra la Exclusión Social en Andalucía”  y otras medidas puestas en marcha por la Junta de Andalucía.

 Ante las últimas medidas de política social puestas en marcha por la Junta de Andalucía (garantizar tres comidas al día a los escolares, expropiación del uso de la vivienda, trabajo social para compensar el impago de alquileres sociales, garantizar el  mínimo de luz y agua a familias en peligro de exclusión…) l@s profesionales de la Intervención Social opinan lo siguiente: 

  •  VGE:

Personalmente pienso que el Decreto de Exclusión, aunque con sus aspectos positivos, no ha estado bien enfocado de raíz. De nuevo da la sensación que se prima más los intereses políticos y los problemas de entendimiento existentes entre las distintas Administraciones de distinta ideología, etc… que el interés real de los ciudadanos.

No tiene sentido tanto despido de profesionales, recortes en Programas y Prestaciones Básicas de Servicios Sociales Comunitarios, paralización de la Ley de Dependencia…  y de repente, inyectar una gran cantidad de dinero para  administrarlo a corto plazo, sin rigor, duplicando programas (Ayuda a Domicilio de Prestación Básica, de Dependencia y de Decreto) Plan de Garantía Alimentaria, Alimentos de Cruz Roja, de Comunidad Europea, Bancos de Alimentos…. Plan de Ayuda a la Contratación, elaborando informes l@s profesionales a troche y moche para conseguir un pequeño contrato de trabajo de duración un mes por 600 euros y todo ello, como el cuento de Cenicienta, se acabará el 31 de diciembre. ¿Realmente estas medidas surten efecto? No creo que un contrato de un mes de duración saque a una familia de la exclusión social.

¿No hubiera sido mejor destinar el dinero para garantizar que los Programas y Prestaciones ya existentes sigan funcionando? El Programa de Intervención Familiar y el Programa de Emergencia están prácticamente paralizados desde finales del mes de Septiembre y en su lugar aparecen Ayudas Económicas Familiares del Decreto, cuya cantidad concedida, en función del número de hijos, tienes que gastarla antes de que finalice el año, aunque haya sido aprobada a primeros de Diciembre, porque hay que justificar el dinero concedido. Por cierto, desde el pasado 11 de noviembre tampoco se pueden tramitar Ayudas Económicas Familiares del Decreto porque ya se ha acabado el presupuesto. Si se presenta algún caso de necesidad susceptible de aplicación de algún tipo de prestación tendrá que esperar al inicio del nuevo año para ver si con el nuevo presupuesto  podrá ser atendido. Es decir, ni siquiera se ha garantizado el Decreto hasta el 31 de diciembre, ha muerto antes.

¿No hubiera sido mejor garantizar que se cumplan las medidas que contempla el Programa de Solidaridad y que a excepción del Ingreso Mínimo nunca se han desarrollado? (medidas como Ingreso Mínimo, Formación, Contratación…) además de agilizar su concesión, en lugar de tardar más de seis meses en ser aprobado?

¿No hubiera sido mejor ampliar las plazas de beca de comedor en lugar del reparto de bolsas de comida?

Y por último añadir ¿que conseguimos con un Decreto que nace con fecha de caducidad? Los usuarios dependientes, con Ayuda a Domicilio, perceptores de una Ayuda Económica Familiar… no tendrán necesidades el día 1 de enero de 2014?

Creo que si con este dinero la Junta de Andalucía hubiera contribuido al cumplimiento de los Programas ya existentes,  hubiera evitado muchos quebraderos de cabeza a l@s técnicos y facilitado la vida a nuestros usuarios, tan machacados por esta mal llamada “Crisis”, y en general a la población más vulnerable.

  • MBY:

Coincido en que es necesaria una mayor coordinación con las profesionales de los Servicios Sociales, porque el esfuerzo ha sido muy grande y no se han conseguido grandes resultados. Hay que reforzar los servicios, destinar el dinero a Políticas Sociales integrales, más partida para los recursos que existen y acortar los tiempos de tramitación de los Programas existentes como el Programa de Solidaridad, y sobre todo, hacer un Plan Integral de Fomento del Empleo.

  • PHR:

Totalmente de acuerdo con lo que han dicho las compañeras. Si bien pienso, que ha tenido “buenas intenciones”, el Decreto en muchas ocasiones, ha supuesto un sobreesfuerzo para los Servicios Sociales, con un resultado ambiguo.

Estaría mejor, que la partida presupuestaria hubiera estado destinada a reforzar recursos que ya existen (Ingreso Mínimo de Solidaridad, con gran retraso; Dependencia, Programas de Fomento al Empleo, etc)

El problema es que se crean expectativas en las personas, que no sabemos si el año que viene tendrá continuidad.

  •   SIJ:

 De acuerdo con vosotras, la idea es que las distintas Administraciones (en este caso la Junta de Andalucía) tomen nota y consensuen estas iniciativas con los profesionales de lo social, que somos quienes conocemos la realidad y nos enfrentamos a ella, que caer en la beneficencia es muy fácil en estos tiempos en los que nuestro Estado de Bienestar se tambalea. Que cuenten con nosotros, con la Marea Naranja y con los distintos Colegios Profesionales.

  • TFG:

 Creo que hay una idea en la que coincidimos una gran mayoría, si ya existe una

Estructura y un Sistema de Prestaciones ¿por qué inventarnos algo nuevo y no reforzar lo que ya existe? Si tuviéramos un Sistema Público de Servicios Sociales fuerte y estable no sufriría tanto en tiempos de crisis, por el contrario tendría que ser la herramienta del Estado para salir de ella. De una situación de crisis no se sale solo con Prestaciones Sociales, dichas prestaciones tienen que ir aparejadas de una Intervención Social que garantice la rentabilidad de las mismas en la ciudadanía. Como dice el proverbio chino “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”.

  •  PHS:

 Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero añadiría unas cosas.

Las ayudas han saturado a los Servicios Sociales, cuando hay otras ayudas que se están quitando, quizás es lo paradójico del asunto, y sobre todo, porque al final, todo depende de la buena o mala voluntad política de turno.

En el caso, que se generen ayudas extraordinarias o de emergencia, que por otro lado, ya están recogidas en el catálogo de Servicios Sociales, y por tanto no había que crearlas, SIEMPRE desarrolladas con unos parámetros de calidad, y por eso, siempre es necesario que estén desarrolladas por los profesionales de la Intervención Social y desde la estructura de los Servicios Sociales.

Al haberlo tenido en cuenta, no podemos decir que sean actos caritativos, porque si se establecen unos criterios de entrada. Sin embargo, son mejorables por ser temporales u duplicadoras de acciones que debían ser potenciadas y estables en el tiempo.

De todas formas, no todas las ayudas de la Junta, son iguales y las críticas que haría a cada una de ellas son:

BOCADILLO: sería mejor becas, y así no ser solo para los colegios públicos, y tampoco ser marginadoras.

CONTRATOS: demasiado poco tiempo, puede reactivar en la búsqueda activa de empleo, pero también generar unas expectativas poco realistas

VIVIENDA: dificultad en algunas ocasiones de coordinación entre Administraciones.

Si hay que constatar que a diferencia de otras Comunidades, en Andalucía si hay un interés por hacer las cosas desde las ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

  • CCE:

Estoy de acuerdo con VGE, con “todo lo que no sea generar empleo y de calidad es LIMOSNA, Ejemplo: el Plan de Ayuda a la Contratación es una vergüenza ¿Un mes de contrato para alguien con más de un año en paro y con la necesidad de que Servicios Sociales te catalogue en riesgo de exclusión? El SAD en muchos casos va a suponer un respiro en otros un problema, pues habrá generado que las familias dejen  de implicarse y NO ha generado más empleo sino explotación de los trabajadores de las empresas concesionarias del servicio

El “bocadillo” vergonzoso pero además ¿en los colegios concertados no hay niños con necesidad? En zonas marginales suelen atender siempre a los niños con necesidad.

  •  MRF:

1.-  En esta idea creo que coincidimos todas, hay que reforzar los Servicios Sociales, porque la crisis lo requiere. Dentro de cuya intervención podrán incluirse medidas como el pago de luz, agua, alimentación (comedores gratuitos)…. y siempre tras el estudio particular de la familia, persona o grupo.

Apoyamos y creemos en el SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES, como un derecho de ciudadanía.

Su finalidad es promover el bienestar social de los individuos y de la población. Entre sus objetivos se encuentran: la promoción de la autonomía personal, la atención de las situaciones de desprotección y, en general, la integración social de las personas y grupos.

Se estructuran en Servicios Sociales Comunitarios (en otras comunidades les llaman de base) y Servicios Sociales Especializados. Los primeros, de competencia municipal, van dirigidos a TODA la POBLACIÓN y constituyen la puerta de acceso al sistema. Los segundos atienden a situaciones de mayor complejidad y dependen de la comunidad autónoma.

Con la reforma de la Administración Local los primeros van camino de su desaparición, desde el momento que el pacto que hasta ahora los había sustentado que es el denominado Plan Concertado de Prestaciones Básicas en Servicios Sociales quiebra, ya que los Ayuntamientos con la reforma se desmarcan de su financiación y la cantidad de dinero que siempre han puesto van a dejar de ponerla para obligar a la CC.AA a que sea ella quien ponga más. Teniendo en cuenta el techo de gasto al que están obligados de asumir debido a la modificación del art. 135 de la Constitución, las Comunidades Autónomas van a tener dificultades para mantener lo que ya existe.

2.- El Decreto de Exclusión. Como medida positiva valoro las contrataciones, porque hay sectores de difícil contratación que si no tienen apoyo es complicado que tengan un trabajo. Me baso para decir esta opinión en mi experiencia gestionando el programa Arquimedes, mediante el que se contrataban a personas que habían tenido problemas de consumo de drogas y estaban tan estigmatizadas que a pesar de ya no consumir nadie las contrataba. El proceso podría haberse hecho mejor y el tiempo ampliarse porque ni 15 días ni 3 meses como máximo sirven para mucho. Es necesario la CONTINUIDAD de las medidas, por eso si no existe continuidad, las medidas son parches.

3.- En materia de vivienda, creo que también es necesaria una intervención de los Poderes Públicos, porque el mercado no tiene alma (lo del alma es copia de José Manuel Ramírez). Creo que las familias tras perder la vivienda caen en procesos de exclusión (real) de los cuales es casi imposible remontar. La vivienda integra a las personas. Es necesario que reciban un apoyo. La propiedad privada dice la Constitución que está al servicio de la utilidad pública y en el caso que nos toca, el gran número de familias que están perdiendo sus viviendas legitima la intervención de los poderes públicos, en este caso la Junta de Andalucía, por ser competencia autonómica el tema de la vivienda.

Las Oficinas de Intermediación Hipotecaria se han creado pero su eficacia no es tal. Carecen de recursos humanos especializados que realmente puedan orientar de forma adecuada. (En algunos casos están siendo gestionadas por un/a auxiliar administrativo que han reubicado de otro área, es solo un ejemplo, pero visibiliza lo que digo)

4.- Trabajo social para compensar el impago de alquileres sociales. La palabra trabajo social no es la más adecuada, porque da a entender que el trabajo social lo hace cualquiera y se trata de una profesión determinada. Al respecto me pregunto que si se ha contado con las personas implicadas cuando se plantea esta medida, aún sin concretar ya que solo es un anuncio. También me pregunto ¿qué servicios son los que realizarían?, ¿quién verificaría la realización de los mismos?, ¿que pasaría si no se prestan?… En fin una indeterminación para llegar al mismo punto, las situaciones de precariedad económica pasan generalmente por servicios sociales y las medidas concretas que se realizan se encuadran en un Proyecto de Intervención individual/familiar.

Las medidas del punto 3 y 4 parten de la Consejería de Fomento y Vivienda, las del Decreto son de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, al igual que los SSSS. Parecen no conocerse la una a la otra de forma profunda.

Es importante la coordinación entre las diversas Consejerías.

Finalizar diciendo que los Servicios Sociales públicos son hijos y herederos de la beneficencia, solo la Ley de Dependencia ha creado unos verdaderos derechos subjetivos (se pueden exigir por los ciudadanos ante los tribunales), y ya sabemos lo que le pasa.

Muchas de las medidas de los servicios sociales son graciables y aunque van dirigidos a todos, en la práctica su colectivo prioritario es y ha sido las personas-familias-grupos en riesgo o en situación de exclusión. La batalla está en que los SSSS crezcan y se conviertan en verdaderos derechos subjetivos para todos, pero las tendencias políticas no van en esa línea

Las nuevas medidas son puntuales, graciables, sin continuidad por tanto son BENEFICENCIA.

Las tendencias en las sociedades neoliberales es que sea la CARIDAD la que se instale en sustitución del Sistema Público de Servicios Sociales. Personas que ayudan a personas, sin más intervención pública y con una ideología cristiana de base.

La palabra EXCLUIDO antes se cuidaba mucho de no colocarla a nadie, porque la idea era la de INCLUIR, sin embargo ahora se utiliza alegremente. Antes se buscaba la normalización y el niño que tenía su beca de comedor era frente a sus compañeros igual, porque nadie tenía porque saber si se bonificaba o no su comida, sin embargo con las bolsitas de meriendas queda claro quién es quién.

  • LGC:

De acuerdo con todo lo que decís, pero habría que hacer un breve resumen de lo que es el Sistema Público de Servicios Sociales, Normativa, Competencias, Prestaciones, como se organizan, y los recortes que ha sufrido desde las distintas Administraciones en función de sus responsabilidades en financiación del mismo. Equipararlo como tercer  (cuarto) pilar del Estado de Bienestar, junto a Educación y Sanidad, para que se entienda lo que estamos diciendo y ver que por un lado las Prestaciones y Servicios que se estaban dando desde los Servicios Sociales y en concreto desde Servicios Sociales Comunitarios, han sufrido un recorte importante, incidiendo directamente en los derechos de la ciudadanía y por otra parte el Decreto de Exclusión y otras medidas de la Junta de Andalucía como las de Vivienda, han querido “subsanar” en alguna forma los efectos de esta mal llamada “Crisis”, en un intento de diferenciarse de las políticas de recortes en Servicios Sociales y servicios públicos en general que está llevando el gobierno central. Sin embargo, no deja de tener esto un tinte electoralista, porque el propio gobierno de la Comunidad Autónoma, no ha tenido en cuenta la Estructura  propia de los Servicios Sociales Comunitarios, su Naturaleza, sus Prestaciones y el Objetivo de las mismas, basadas en una metodología de la Intervención Social con la finalidad de “integrar”, y ha detraído partidas presupuestarias de otros programas sociales que venía financiando de sus presupuestos para el 2013, para insuflar 60 millones al Decreto de Exclusión, con medidas puntuales que como bien decís tienen fecha de caducidad y no están enmarcadas en un proceso de intervención social con familias, usuarios etc…

De todas formas, este es mi punto de vista desde fuera, ya que desconozco lo que está pasando en la práctica diaria, pero las que estáis dentro lo estáis describiendo muy bien. Y esta forma de proceder de tanto un@s como otr@s, dice mucho del desconocimiento que tienen los distintos gobiernos, sean del color que sean, sobre lo que se hace en Servicios Sociales. Quizá sería importante remarcar la necesidad de establecer una Ley Marco de Servicios Sociales Estatal, para establecer unos mínimos en todo el territorio tanto para prestaciones como para financiación de las administraciones públicas y responsabilidad competencial claro.

  • MLV:

Respecto al Decreto de Medidas contra la Exclusión Social opino que la idea es buena pero que la forma como se ha aplicado ha fallado en todos los aspectos. Considero que se ha llevado a cabo sin  ningún tipo de reflexión sobre la exclusión como proceso y como se debe luchar contra ella. Las actuaciones que comprende este Decreto son de carácter puntual sin ningún tipo de estrategia de intervención a largo plazo. La exclusión requiere de intervenciones de tipo integral en el que se impliquen todas las Consejerías que tienen relación con  esta problemática. ¿Para cuándo un Plan Integral contra la Exclusión?   Incluso me atrevería a decir que en algunos aspectos no se ha tenido en cuenta colectivos especialmente vulnerables a la exclusión o ya excluidos. En el caso del Programa de Ayuda a la Contratación no se ha tenido en cuenta a la población con discapacidad, los empleos ofertados no están adaptados a las limitaciones que puedan tener. En Granada se han ofertado puestos de trabajo de limpieza de calles, jardines  y  transporte o movilización de archivos en las dependencias municipales. A su vez, la convocatoria para presentar solicitudes se sacó en AGOSTO, enterándose poca gente de la posibilidad de participar. A su vez, las personas seleccionadas tendrán un trabajo por poco tiempo, 2 días a la semana y durante 3 meses aproximadamente. En total supondrá 16 o 17 días de trabajo. Es decir “pan para hoy  hambre para mañana”. En conclusión, el decreto más que luchar contra la exclusión lo que hace es volver a un modelo de BENEFICIENCIA pura y dura.

Y si hablamos de las becas de comedor y las meriendas para los menores en los colegios públicos más de lo mismo. La mayoría de los colegios públicos ni sabían que existía este Decreto. Y para colmo se establece que una vez acreditada la situación de exclusión no todos los menores tienen derecho a esta medida, solo los de menos de 11 años.  ¿Alguien me puede explicar por qué un menor de 11 años tiene derecho a comer diariamente y su hermano de 12 no?

Y por último, y para no hacerme pesado, quiero señalar el tema referido al Servicio de Ayuda a Domicilio. Aunque ha servido para reducir las listas de espera para ser beneficiario del mismo, solamente tendrá un periodo de prestación de Noviembre a Diciembre. ¿Qué va a pasar en Diciembre? Probablemente, lo más seguro, haya que dar de baja en el Servicio a todos las personas beneficiarias del mismo a través del Decreto ley 7/13. Es decir servicio para hoy en lista de espera mañana.

Parafraseando un expresión muy de moda últimamente lo llaman Decreto Ley de MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN  pero NO LO ES!!! NO LO CONSIGUE!!

Opino que hace falta, como el comer, nunca mejor dicho, una Ley Estatal de Servicios Sociales que garantice a todos los ciudadanos unas prestaciones mínimas de carácter público que sirva de marco a las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales, pudiendo estas aumentar-complementar las prestaciones que esta Ley Marco establezca.

  • GTM:

Estoy con vosotros en vuestros comentarios, me gustaría añadir un par de puntualizaciones. Yo parto de que el Decreto ha nacido con una buena intención pero no sólo no se ha desarrollado bien, sino que parte de una acción-intención política y no profesional. Se echa en falta que se cuente con técnicos de INTERVENCIÓN SOCIAL (Trabajadores/as Sociales, pero también Educadores/as Sociales, Psicólogos/as, o en este caso profesionales del área de contratación de las Administraciones Locales) Que son los que conocen a los/as usuarios/as y la situación en la calle. Para mi estas medidas han resulto situaciones puntuales, y para los/as usuarios/as eso está bien, no podemos negar que en su visión del día a día para ellos/as comer y vestirse es necesario, no son tan conscientes del medio-largo plazo de sus necesidades y de nuestras intervenciones. Para mi han supuesto un retroceso importante en este sentido, una ayuda económica, que no requiere (por falta de tiempo ni de protocolo de Programa) un Proyecto de Intervención, cuando nos cuesta mucho esfuerzo mantener la implicación de las familias en los Proyecto de Intervención en los programas. Es camino desandado.

  • FAP:

He leído todas las aportaciones que habéis hecho y creo que está todo recogido y además de manera clara, así que de acuerdo con lo expuesto. Es necesario reforzar los Servicios Sociales Públicos existentes y mantener coordinación con los profesionales para que este refuerzo sea real y enmarcado dentro de un PIF, y no algo puntual y que busque la rentabilidad política.

  • OMR:

 Pues está casi todo dicho.  Me quedo principalmente con la idea bien expuesta por parte de MRF de la necesidad de mantener un Sistema Público de Servicios Sociales fuerte, garantista y con financiación suficiente que desde la Intervención Social dé cabida y aborde todas las necesidades.  Las medidas puntuales pueden enmarcarse dentro del Sistema, pensadas y planificadas con los que saben de esto y no ser lanzadas como “fogonazos” o bengalas electoralistas. Deben ser abordadas siempre desde la Intervención Social, deben ser suficientes,  para todos, con criterios y con un seguimiento de la financiación,  no a “tonto el ultimo” Los ciudadanos deberían percibir un sistema con coherencia, garantista e igualitario.

Si es cierto que aunque no de la forma más acertada, la Junta de Andalucía al menos está haciendo algo, poniendo y no quitando como el Gobierno Central, pero habría que reclamarle más rigor, criterio y supervisión con la financiación que envía y lo que hace con ella las Administraciones Locales.

No tenemos mucha información sobre las medidas nuevas, pero deben seguir los parámetros antes apuntados.

Añadiría, que los Servicios Sociales están colapsados con tanta medida, por falta de una planificación bien hecha. Esto es importante. Reforzar los Servicios Sociales PROFESIONALES adecuadamente es garantizar unas prestaciones y cobertura suficientes y de calidad. 

  • VAI:

 Ante la gravedad de la situación actual, el Gobierno de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las organizaciones sindicales UGT Y CCOO suscribieron el 20 de marzo de 2013 un Acuerdo para el progreso económico y social de Andalucía que contempló, entre otras medidas, la adopción de planes de empleo dirigidos a las personas paradas de larga duración sin prestaciones con cargas familiares, así como, en el ámbito de los Servicios Sociales, el afianzamiento de los servicios de proximidad, en especial, la Ayuda a Domicilio. En una coyuntura tan preocupante como la que vivimos, debe reiterarse que el empleo se constituye como la principal medida de integración e inserción social, que ha de ser complementada por un conjunto de medidas de carácter asistencial, por lo que cualquier iniciativa orientada a combatir la marginación y la exclusión social deberá vertebrarse alrededor de la generación de empleo y a la vez asegurar el mantenimiento de los servicios públicos. Incluyendo el Decreto-ley la medida más dignificante para las personas materializándose en EMPLEO a través del Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía que se ha llevado a cabo mediante el Programa de Ayuda a la Contratación.

Es un deber de la Administraciones públicas aumentar la inversión pública en estos tiempos de crisis mediante la financiación en el ámbito local, que es el que llega de forma más directa a las personas en situación tan acuciante, llevando a cabo obras y servicios de interés general para la comunidad y de ejecución inmediata, favoreciendo las inversiones destinadas a dinamizar a corto plazo la actividad económica, incidiendo directamente en la creación de empleo, por tanto hemos de seguir pidiendo más inversión pública de todas las Administraciones y Organizaciones implicadas, dando caña para pescar, no peces, como decía nuestra compañera TFG

 

 MAREA NARANJA GRANADA. Diciembre 2013

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