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EMPLEO DOMÉSTICO Y CONVENIO 189 DE LA OIT

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Según los datos de la OIT, el sector del empleo doméstico ha pasado en los últimos 20 años a ocupar de 33 millones de personas a 53 millones en todo el mundo. En España trabajan como empleadas y empleados domésticos unas 700.000 personas de las que el 50% son mujeres inmigrantes. A nivel internacional, solo el 9% de las personas que se dedican a trabajar en el hogar tiene los mismos derechos que el resto de los y las trabajadores y trabajadoras. El otro 91% no cuenta con un salario adecuado, ni con los tiempos habituales de descanso, con derechos de maternidad o con la correspondiente protección social. Ciertamente, se trata de un sector en crecimiento cuyos derechos laborales crecen muy poco.

El sector del empleo doméstico también ha sido y es uno de los más precarios en España. En nuestro país las relaciones laborales de este sector venían reguladas hasta el año 2011 por el Real Decreto 1424/1985 de 1 de agosto. Este RD era una normativa muy básica que mantenía al sector en unos niveles de derechos laborales mucho más bajos que los de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de otros regímenes.

Las organizaciones de mujeres han sido quienes principalmente han luchado durante 26 años para lograr un cambio en la legislación, reivindicando la mejora de las condiciones laborales del empleo doméstico, para que deje de ser un trabajo de segunda categoría y se equipare en derechos y condiciones al resto de la población trabajadora y para que salga de la economía sumergida.

En el año 2011, se aprobó el Real Decreto 1620/2011 de 14 de noviembre por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar que marca un antes y un después histórico en las relaciones laborales del trabajo doméstico. Este nuevo RD da respuesta a una larga reivindicación “hora trabajada, hora cotizada”. Además mejoran algunas cuestiones, tales como la obligatoriedad de la parte empleadora de realizar la gestión del alta previa al inicio de la relación laboral ante la Seguridad Social, se regula el derecho a la maternidad en igualdad de condiciones al resto de trabajadoras, se mejora la retribución en caso de baja por enfermedad o accidente, se obliga a que el contrato de trabajo se realice por escrito, se mejoran los periodos de descanso semanal que ahora vienen a ser 36 horas de descanso continuadas a la semana, la regulación de las pagas extras que pasan de ser 2 pagas anuales de 15 días a 2 pagas extras de 30 días, se regulan las indemnizaciones por despido, las excedencias, etc.

Ciertamente en España este RD supone una mejora aunque sigue siendo insuficiente. Actualmente las personas empleadas en el trabajo doméstico no tienen derecho a la prestación por desempleo ni a ningún tipo de subsidio si son despedidas de sus trabajos. La realidad cotidiana de las personas empleadas del hogar que pierden sus trabajos es el vacío económico más absoluto. La legislación no establece la posibilidad de cotizar por desempleo por lo que éstas no disfrutan de ningún tipo de protección social en esta situación. En el caso de las personas inmigrantes extracomunitarias la realidad económica es aún más difícil ya que en Andalucía solo tienen derecho al Salario Social si conviven con familiares nacionales de un estado miembro de la UE o si los/as solicitantes igualmente han adquirido la nacionalidad de algún estado de la UE. El acceso a la Renta Activa de Inserción y otras prestaciones del SEPE también son soluciones inviables ya que uno de los requisitos es haber agotado una prestación por desempleo o haber cotizado por desempleo el tiempo suficiente en trabajos anteriores.

Son muchas las mujeres en este sector absolutamente feminizado (más del 90% son trabajadoras) las que cada día sufren recortes en el salario y en el tiempo de descanso, se ven obligadas a trabajar sin alta en la Seguridad Social o son tratadas con desprecio. La protección por desempleo para este sector, además de que debería ser un derecho que palia y atenúa los efectos adversos ante un despido laboral, vendría a posicionar a las trabajadoras y trabajadores domésticos en una mejor situación ante la búsqueda de un nuevo empleo y la negociación de las condiciones de trabajo.

Muchas empleadas domésticas hoy en España, son trabajadoras pobres. Los ingresos que como promedio tienen las empleadas domésticas que trabajan en régimen de externado en Andalucía rondan los 300 y 500 euros/mes ya que actualmente las jornadas completas apenas se ofertan. Las personas que trabajan en régimen de internado ingresan en Andalucía en torno a 800 euros aunque actualmente hay una fuerte presión para trabajar por 700, 600, 500 o aún menos euros al mes. Los internados solo los pueden realizar personas que no tienen cargas familiares por lo que los hogares formados por madres solteras, separadas o divorciadas con menores a su cargo se llevan la peor parte obteniendo unos ingresos mínimos que no alcanzan para cubrir los gastos mínimos. En el caso de las mujeres inmigrantes que no han accedido a recursos para la conciliación y que no disponen de una red sólida de relaciones, el riesgo de no poder hacer frente a las necesidades más básicas de sus familias es extremo. Según el INE de 2013 sobre pobreza en España, el 47,8% de la población extracomunitaria está en riesgo de pobreza.

Además, la exposición al acoso sexual en el trabajo y la demanda de servicios sexuales a las trabajadoras domésticas, crece. Es cada vez más común que se utilicen los teléfonos de las trabajadoras domésticas que se anuncian buscando empleo por la calle o a través de internet para proponer servicios sexuales. De hecho, muchas mujeres están abandonando ese método de búsqueda de empleo.

Son muchas las cuestiones a analizar cuando profundizamos en el conocimiento de la realidad actual del trabajo doméstico: El poco valor social de las tareas de los cuidados realizadas principalmente por mujeres, el modelo español que deriva la responsabilidad del Estado a las familias en cuanto a la atención de menores, personas enfermas o dependientes sigue siendo muy conservador, la desequilibrada participación de los hombres respecto a las mujeres en las tareas domésticas, la insuficiente educación en igualdad, el desmontaje del Estado de Bienestar, la crisis de la Ley de Dependencia, la crisis económica de las familias y de las personas mayores, la imposibilidad en muchísimas ocasiones de conciliar el trabajo con las tareas de cuidar, la ausencia de convenios colectivos que mejoren las condiciones de trabajo en el trabajo doméstico, entre otras.

La Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, sensible a la situación de las trabajadoras del hogar a nivel internacional y reconociendo el valor social y económico del trabajo doméstico que habitualmente ha sido subvalorado, aprobó el 16 de junio de 2011 dos nuevas normas internacionales del trabajo: el Convenio 189 y la Recomendación 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. La aprobación de estos dos instrumentos jurídicos marca un momento histórico. El Convenio 189 garantiza la protección laboral mínima que deben tener las personas empleadas del hogar y la Recomendación 201 aporta orientaciones prácticas sobre la forma de dar efecto a las obligaciones plasmadas en el Convenio.

Hasta la fecha, el Convenio 189 ha sido ratificado por 14 países entre ellos Alemania e Italia. España aún no lo ha hecho. Durante sesión en el Congreso de los Diputados celebrada el 23 de abril de 2014, el Director de la Oficina de la OIT para España Joaquín Nieto Sainz, invitó de nuevo a los partidos políticos a que valoren la conveniente ratificación de este convenio por España. El escollo principal que encuentra el partido del Gobierno, es precisamente la posible incorporación del derecho a la cotización por desempleo y posterior protección ante esta situación argumentando que es difícil demostrar el despido de una trabajadora del hogar “por la dificultad de la prueba de involuntariedad por parte del trabajador en la terminación de la relación del trabajo”. Un acercamiento más intenso del Gobierno a las asociaciones de empleadas del hogar y a las entidades que llevan trabajando muchos años junto a estas trabajadoras, vendría seguramente a despejar las dudas que sobre esta cuestión plantean.

El trabajo doméstico es básico para el mantenimiento de la vida, las tareas de cuidados son igualmente imprescindibles. Realizado en condiciones de justicia económica y suficiente reconocimiento y protección social, es una alternativa laboral tan válida como otras. Las entidades que trabajamos con las personas empleadas domésticas conocemos las relaciones positivas que tantas veces se establecen entre parte empleadora y empleada, así como también los abusos que en muchas situaciones se producen. Se hace necesario resaltar las buenas prácticas que las hay así como visibilizar y denunciar en mayor grado las injusticias, el abandono institucional y la falta de reconocimiento social. La ratificación del Convenio 189 supondría además de posibles mejoras normativas, dar un paso importante en el reconocimiento de las tareas de cuidados y de las mujeres que son quienes de forma mayoritaria las realizan.

Marisa Vega

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