VIOLENCIA DE GÉNERO: UN PROBLEMA QUE PERSISTE GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN

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Como cada año por estas fechas nos sentamos a reflexionar sobre la Violencia de Género. Se hace necesario seguir meditando a cerca de por qué y en qué estamos fallando para que en lugar de disminuir el número de víctimas, se siga manteniendo y en ocasiones superando. La violencia machista no es algo “generacional”, es un problema que persiste generación tras generación a pesar de que las jóvenes hayan crecido pensando que ese problema ya no era suyo.

La violencia de Género es una nueva forma de terrorismo. Es la manifestación más extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres. Para erradicarla deberíamos empezar a tratarla como lo que es, un problema de Estado como ya se ha anunciado por algún partido político. La sociedad española debe tomar conciencia del problema y atajarlo. Todo esto pasa por duplicar los esfuerzos en el sistema educativo porque los niños y las niñas de hoy serán los hombres y mujeres del futuro. El cambio de valores se tiene que producir desde la infancia.

Los adolescentes imitan y reproducen los patrones machistas y ya se está produciendo un incremento de víctimas de violencia de género en menores de edad. El machismo ha encontrado en las redes sociales y el móvil un gran aliado, de ahí que las administraciones deban de emplearse a fondo en el desarrollo de programas que tengan como eje a las nuevas generaciones y a las nuevas tecnologías.

El pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las menciones de Honor del Premio de Políticas de Futuro que las instituciones ONU Mujeres, Unión Interparlamentaria y World Future Council conceden a las mejores leyes y políticas el mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra mujeres y niñas.

Estos tres organismos han considerado que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es una de las mas importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia sexista en todo el mundo, una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.

Los diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género han servido para desmontar totalmente algún prejuicio de los detractores de esta lucha, como son las llamadas “denuncias falsas”, La última memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto, afirmando que “El escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación o denuncia falsa, supone un 0.018% del total, dato suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de las “denuncia falsas”,en materia de violencia sobre las mujeres.

El balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta Ley Integral demuestran la necesidad de mantener un amplio consenso social y político, y la necesidad, imperiosa de culminar su desarrollo. Sin embargo, a pesar de la utilidad y reconocimiento internacional recibido por la Ley Integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el número de asesinatos, lejos de disminuir , aumenta. Solo durante el mes de agosto de este año, ocho mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, la cifra más elevada de los últimos 4 años. A fecha de hoy, el total de asesinadas es de 49.

Frente a esta realidad, la Ley Integral está amenazada por los continuos recortes presupuestarios en materia de Igualdad en general (33% en lo que llevamos de legislatura), y de la violencia de género en particular (22% en el mismo periodo). Además, también se están aprobando leyes, como la llamada Ley de Reforma Local, aprobada en solitario, que clasifica como impropias las competencias de los Ayuntamientos y las Entidades Locales en materia de Igualdad y Violencia de género, alejando de esta manera los servicios públicos de atención de las mujeres y suprimiendo la labor de detección, denuncia, y apoyo específico, que realizaban los servicios municipales de igualdad.

La Ley Integral está amenazada por una corriente ideológica que ha hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la violencia de género como prioridad de gobierno. La situación es que la igualdad está presente en los discursos de los y las políticos, pero brilla por su ausencia en los presupuestos: tan sólo el 18% está destinado a acciones encaminadas a lograr una igualdad real y efectiva

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que se han ido desmantelando en los últimos años.

Los colectivos feministas desde estas líneas, queremos mostrar nuestra repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, e instamos a todas las entidades, instituciones y a la ciudadanía, a redoblar el compromiso con las victimas y a declarar la tolerancia cero contra los maltratadores y exigimos:

1.- Restablecer las competencias municipales de igualdad a los Ayuntamientos para la asistencia integral de mujeres victimas, así como de sus hijas e hijos, eliminadas en la reforma de la Administración local, impulsar la colaboración con el conjunto de las Administraciones Públicas y las distintas organizaciones y asociaciones de mujeres implicadas en la eliminación del grave problema social de la violencia de género.

2.- Que se adopten todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

3- La reposición de los fondos presupuestarios recortados.

4.- El desarrollo de un sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género.

5.- El Impulso de la implantación de los medios telemáticos y la evaluación de esa implementación en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.

6- La revisión y evaluación de los protocolos de coordinación actuales para aumentar su eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio.

7.- El impulso, junto a las Comunidades Autónomas, de la finalización de la implantación de las unidades de valoración integral de violencia de género en todo el territorio.

8.- El avance en una mayor formación y especialización de todos/as los/as profesionales que intervienen frente a esta violencia y garantice que cualquier modificación que se lleve a cabo en las estructuras desarrolladas para perseguir esta violencia no pierda la especialización.

9.- La Garantía del cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como el “Convenio de Estambul”.

10.- Realización de las oportunas reformas en el Código Penal, En la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, con el objetivo de hacer más efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas menores que padecen la violencia de género en su núcleo familiar, aseguren el pronunciamiento expreso del Juez/a respecto de la necesidad de adoptar medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y atención, asi como las medidas provisionales concretas, incluyendo otras medidas de asistencia y protección social integral.

11.- La inhabilitación de los cargos públicos que hagan apología o justifiquen de algún modo la violencia contra las mujeres, sean del signo político que sean.

EN IGUALDAD NI UN PASO ATRÁS. ¡ACORRALEMOS LA VIOLENCIA¡

Manuela Bertos Aguado