MANIFIESTO MAREA NARANJA GRANADA

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NOTA: Para contextualizar mínimamente la realidad social, hemos  utilizado el informe  Informe FOESSA 2014 y para analizar la respuesta desde los servicios sociales públicas, de las distintas instancias de la administración, el informe DEC (Índice de desarrollo de los servicios sociales, estudio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales) y nuestra  propia experiencia profesional en los distintos ámbitos de la administración y en el tercer sector.

España se encuentra  dentro del grupo de los países de Europa donde más amplias son las diferencias de renta entre los hogares , habiéndose aumentado la fractura social, es decir, la diferencia entre los más pobres y los más ricos,  en un 45%. Así, la exclusión severa se ha incrementado en un 82,6% y afecta ya a cinco millones de personas en España. Esta evolución pone sobre la mesa un riesgo real de dualización de la sociedad española, lo que, sin duda, tendrá efectos en el propio modelo económico, en la vida política e institucional y en suma en el modelo de convivencia. Desde la perspectiva de las políticas sociales, una sociedad más fragmentada supone un contexto de mayor dificultad para la intervención social, en el que los itinerarios de incorporación son mucho más improbables, más complicados y más costosos

La cuestión esencial es que quienes no han estado a la altura de las circunstancias han sido justamente las políticas públicas, que han sido impermeables a la demanda ciudadana. Las medidas puestas en marcha han sido insuficientes, ineficaces o inadecuadas Así, se ha producido un efecto dominó en los recortes presupuestarios de las distintas administraciones, pues los recortes de una, afectan a la siguiente (central-autonómica y local), unido a que la atención a los colectivos más vulnerables y el gasto en servicios sociales  NO ES UNA PRIORIDAD EN LA AGENDA POLÍTICA. No paramos de escuchar que no hay dinero pero podríamos citar múltiples gastos para los que sí se destina suficiente presupuesto e incluso desmedido, en lugar de priorizar en atención a las familias en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social. Por citar un ejemplo, priorizamos el rescate a la banca por encima del rescate a las familias… es como si un bombero ante una guardería ardiendo y un cajero automático en llamas… apagase éste antes.

Es precisa una revisión del papel de las políticas públicas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, que debería ser prioritaria , básicamente por tres argumentos: en primer lugar, por «baremo», deben ir primero los que peor están; en segundo lugar por una cuestión de justicia social y  derechos humanos, ya que estas situaciones de pobreza y exclusión social severa,  implican un atentado directo a la dignidad de las personas; y finalmente por un criterio de interés colectivo general, ya que la expansión de estas situaciones puede poner en cuestión la convivencia y la seguridad del conjunto de la sociedad, en suma, la sostenibilidad social.

 Citaremos algunos ejemplos de los más “sangrantes”.

ALIMENTACIÓN

En nuestro país no se hablaba de necesidad de alimentos de forma masiva desde la postguerra. Hay numerosos estudios que señalan un déficit en la alimentación de muchos hogares y de desnutrición infantil… pero nuestros regidores han puesto remedio: potenciar bancos de alimentos (¿no es vergonzoso deprimente volver a las “cartillas de racionamiento”??¿ a las colas en los comedores sociales y/o para recoger comida?),  También dar un bocadillo de complemento en los comedores escolares públicos a los niños de infantil y primaria, por parte de la Junta de Andalucía ¿ un bocadillo es la solución?¿en los concertados no hay niños con carencias?, ¿los niños de secundaria, entre 12 y 18 años , no comen?).

 VIVIENDA

El gasto en vivienda supone casi una tercera parte del gasto total de las familias…

Por eso las distintas administraciones contemplan distinas ayudas que faciliten el acceso a la vivienda…¡¡¡ifalso!! 

Gobierno central: La ley hipotecaria por la que nos regimos, y que permite que se pueda actuar con toda la fuerza de la ley sobre las familias dejándolas sin casa es del 46 y las pequeñas reformas vía decreto ley del 2013, que desoyeron las peticiones de la ciudadanía a través de la iniciativa legislativa popular del PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca),son del todo INSUFICIENTES

Gobierno autonómico: Las ayudas de fomento del alquiler están en suspenso hace más de tres años y algunas solicitadas entonces aún no se han cobrado. El parque de viviendas sociales no es controlado por la administración y apenas si se hacen  nuevas concesiones, aún existiendo, al menos en Granada, protocolo de derivación para casos de extrema necesidad. 

Gobierno local ¿ayuntamiento?:  se pueden conceder ayudas para apoyo de pago de alquiler e incluso de hipoteca… 1000 euros de tope, una vez al año y entre el momento de la solicitud y su cobro, salvo desahucios inminentes, pueden pasar hasta 6 meses. Los municipios menores de 20000 habitantes no tienen ninguna cobertura en este sentido por la Diputación.

EMPLEO

La tasa de paro en Andalucía es superior a la de España y la de Granada la segunda mayor de todas las capitales de provincia tras Cádiz

El aumento del desempleo juvenil ha sido muy elevado, y en  Andalucía superior a la de España. En el año 2013, las tasas de paro entre los menores de 25 años, se encuentran por encima del 55%, lo que significa que 1 de cada 2 jóvenes que desean trabajar no lo consiguen. …pero tranquilos, se ha aprobado el Plan emple@Joven y nadie duda que contratos de 6 meses acabarán con esta situación….

En Andalucía, la tasa de desempleo en 2013 de la población de 55 y más años es del 30%,y su aumento  ha sido importante, ya..  tranquilos hay una ayuda estatal para desempleados mayores de 55 años… pero son 426 euros ¿alguien es capaz de vivir hoy día con esa cantidad mensual? Y además el gobierno central ha limitado y restringido los requisitos de acceso.

 Y ¡qué decir del acceso al empleo de colectivos en situación de exclusión social!.. La Junta de Andalucía ha destinado, dentro del Decreto para la inclusión social, importantes cantidades de dinero a los ayuntamientos andaluces para contratar a personas en esta situación pero en la práctica, al menos en Granada capital , son contratos de mes y medio ¡¡¡el año tiene 12 meses!!!

POBREZA ENERGÉTICA

Se denomina así al nuevo fenómeno social que impide a las familias asumir el pago de suministros básicos como agua, luz y gas, mientras las empresas suministradoras no cesan en la subida de tarifas y en caso de impago no admiten negociación y practican cortes inminentes de suministro. Así destacar que el 46,4% de los hogares de Andalucía dicen sufrir dificultades para llegar a fin de mes, frente al 36,7% en España.

La Administración central no controla la subida de tarifas ni las corrige las medidas abusivas de las empresas prestadoras de estos servicios.

La Junta de Andalucía y el  Ayuntamiento de Granada tienen previstas diferentes ayudas para pago de suministros básicos… eso sí… tardan varios meses en cobrarse y el que corta la luz y /o el gas..viene a los 2 meses de impago …¿Es tan difícil sentarse con los responsables del suministro de luz y gas???¿Es imposible agilizar el cobro de las ayudas??

 POBREZA EXTREMA

Andalucía registra una tasa de pobreza y exclusión, del 38,3%, la segunda más alta de España, aun cuando otras comunidades autónomas tienen niveles de renta inferiores o similares

 Por eso en la Junta de Andalucía hace años que creó el Programa de solidaridad para la erradicación de la marginación en Andalucía, que concede ayudas económicas por 6 meses a las familias que no tienen nada (imaginamos los otros seis meses se alimentan del aire ¿para cuándo una ley de  renta básica?). Dado este agravamiento, vía Decreto contra la exclusión la Junta de Andalucía estableció que todos los expedientes debían resolverse como máximo en 3 meses… paradójicamente desde la aprobación de este decreto hay retrasos de hasta 8 meses…. El decreto para la inclusión social, de este año, establece contratos para la población susceptible de recibir esta prestación, lo que dignifica a la persona y le facilita mayor tiempo de ingresos, pues genera derechos a otras personas pero en la práctica aún no se ha producido ni un contrato en este sentido ( y se aprobó en Mayo)

 DEPENDENCIA:

El sistema de atención a la Dependencia se ha visto recortado de forma brutal en los últimos 3 años. Según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la aportación al sistema por parte de la Administración General del Estado, debiendo ser de un 50% ha pasado a ser del 20% de media nacional. Los retrasos en resolución de expedientes en algunas comunidades sobrepasan el año. Las personas dependientes fallecen en la lista de espera, siendo cada vez menos los atendidos.

PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES.  La financiación estatal y por tanto el compromiso que apuesta por y permite mantener y desarrollar los Servicios Sociales básicos o de atención primaria desde las corporaciones locales, ha pasado a ser ridícula en los últimos años, trasladando la responsabilidad del mantenimiento de estos servicios tan fundamentales en tiempos de crisis, a las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

La aportación estatal en 2012 para Andalucía fue de 9,2 millones de euros (ni un 5% del coste total), reduciéndolo en 2013 a 5,4 millones. Estas cifras en continuo descenso no dejan de ser una tomadura de pelo no solo para la ciudadanía que sufre las carencias de atención, sino también para los propios alcaldes que deben dar la cara ante sus ciudadanos y resolver los problemas sin respaldo económico.

 Ante esta situación las administraciones públicas, sobre todo a nivel local, en vez de reforzar la atención prestada desde los servicios sociales públicos, tan necesarios en una situación de emergencia como la planteada, se han dedicado a diezmar el personal y los presupuestos empleados en éstos. Así hace dos años despidieron a 35 profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios en la Diputación Provincial de Granada, afectando a la red de los servicios sociales en municipios menores de 20.000 habitantes en Granada. En este mismo año, se ha despedido a trabajadores de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Cádiz o el Ayuntamiento de Sevilla, también se ha destacado por despedir al personal dedicado a los equipos de tratamiento familiar en dicha localidad. Y nos tememos más despidos aún el próximo año con la mal llamada Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

Por todo lo anteriormente expuesto, CONSIDERAMOS  es de fundamental  importancia el establecimiento de estrategias integrales  de lucha contra la exclusión social y el fortalecimiento del sistema público de servicios sociales, desde la responsabilidad e implicación de TODAS Y CADA UNA  de las administraciones públicas , en colaboración, lealtad y primando el interés general de la ciudadanía y en especial de las familias en situación de especial vulnerabilidad y de forma prioritaria de la INFANCIA.

Finalmente, a modo de “carta a los reyes magos”, a pesar de encontrarnos  en un año “multi-electoral”, nos encantaría, y sería de una admirable responsabilidad, ante la situación de emergencia social en que nos encontramos, que los distintos partidos políticos centrasen su actuación en buscar soluciones, establecer puentes y vías de colaboración y coordinación efectiva, entre las distintas  administraciones públicas, dado que todos pretenden, según afirman, y sean del color que sean , el mayor bienestar para la ciudadanía.