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Servicios Sociales líquidos[1], derechos líquidos.

sobre naranja

             ¿Por qué, durante los últimos treinta años, no se ha cumplido nunca el objetivo de la OCDE de dedicar el 0,7% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo, “ni mucho menos incorporarlo en las Constituciones de cada miembro”? El término Cooperación Internacional es un eufemismo. No nos habla de una cooperación internacional entre varios países en términos de igualdad de trato. No es un espacio de intercambio donde todos los países se reconocen iguales, con ciudadan@s dignos de los mismos derechos. Si fuera así, bien entendida, la Cooperación Internacional, debería ser Universal e incorporada al Derecho Internacional. Con los Servicios Sociales pasa igual, de entenderse adecuadamente, debería incorporarse como derecho fundamental de cualquier país. Pero a nadie en España le interesa la Cooperación al Desarrollo, salvo tres tipos de ciudadanos y ciudadanas:

1- Los/las que la conocen y aceptan. Éstos entienden que con ello compensamos cierto complejo de “rico” en términos internacionales, es decir, una consecuencia que trata de compensar un sistema de relaciones internacionales-económicas inevitablemente injustas, de dudosa o inexistente legalidad, donde se consiente la expoliación de recursos naturales de algunos países por parte de otros o (en nombre) de sus empresas más potentes. Sistema del que, España y sus ciudadanos indirectamente,  y nuestras empresas y monarquía directamente se han beneficiado durante años (safaris incluidos). Pero este sector a nivel internacional, pseudo-consciente, no ha logrado elevar la cooperación internacional a categoría de derecho universal. Una prueba: la ausencia de normativas internacionales de obligado cumplimiento para la Ayuda Oficial al Desarrollo, sólo recomendaciones como el incumplido 0,7% del PIB.[2]

2- Otro segundo bloque, los/las que por principios humanitarias, compasivos, caritativos o religiosos apoyan su existencia (Ayuda Humanitaria). También sin cuestionar, si quiera por un instante, si deben o no adquirir un grado de derecho universal, ni presionar gobierno alguno.

3- Y, por fin, los/las beneficiarios/as, los/las gestores/as de la cooperación, y, sobre todo, el sector de profesionales e instituciones que trabajan en él. De éstos últimos: unos más críticos, y otros más con carácter mercenario, mientras encuentran algo mejor donde trabajar.

Sin profundizar demasiado en la realidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo española, descubriríamos que ésta se traduce mayoritariamente en préstamos condicionados a favor de productos españoles (Fondos de Ayuda al Desarrollo) y no en ayudas directas no reembolsable. Incluso, éstas últimas, con deficiencias metodológicas, en la que se deja ver cierto colonialismo en la praxis y la exportación de los peores vicios culturales de occidente.

El caso es que el paralelismo con los Servicios Sociales es crucial, así como las consecuencias de la reflexión que provoca.

No vayamos a tener el mejor sistema de Servicios Sociales, que llegue al paradigma de equidad social para la ciudadanía, porque pensamos que todos somos iguales en España, con los mismos derechos, pero ello se base en una economía de empresas propias que operen fuera del territorio, explotando recursos económicos ajenos, explotando menores y/o mujeres, creando desigualdad, a cambio de “SOBRES” a políticos extranjeros.

Queremos en nuestro país políticos no corruptos, pero si éstos apoyan logísticamente empresas que corrompen a otros representantes públicos, a cambio de repartir su beneficio en España, ya nos da más igual.

Así crearíamos burbujas del bienestar, como, a su vez, pretenden hacer los “ricos” del norte de Europa con nosotros mismos. Igual que nosotros nos beneficiamos de nuestra «cooperación», ¿no se beneficia el Norte de Europa con su estrategia financiera, el interés de la deuda, de nuestros bajos salarios, de mano de obra formada que emigra, y de la fuga de inversores de España, Italia, Grecia o Portugal hacia Alemania y Francia en connivencia con nuestros propios políticos? En este planeta, no quiero ciudadanos de segunda y otros de primera. Es así, la vida en Mozambique o vale lo mismo que la mía, o no lo vale lo mismo. Usted vea.

         La Cooperación Internacional es a la Humanidad, lo que los Servicios Sociales es a un País. Pero sólo a tres tipos de ciudadanas/os les importan los Servicios Sociales:

1- Los/las que lo entienden como un subproducto, una consecuencia compensatoria del crecimiento económico díscolo de la sociedad moderna, cuyos efectos de inequidad se aceptan como inexorables. A la vez, se acuerda casi por consenso social, que carece de importancia la base sobre las que dicho crecimiento se sostiene. Raramente se elevan los Servicios Sociales a la categoría de derecho. En Servicios Sociales no hay Ley Orgánica que regule el Sistema.

        Sólo la ley de dependencia ha conseguido elevar a la categoría de derecho subjetivo la atención a los dependientes, de ahí la agresividad con la que se ataca. Estos ataques se realizan, como en educación y sanidad, no anulando el derecho –todavía-, sino: priorizando otros gastos públicos por haber hecho pública la deuda privada de los Bancos (garantizando el pago mediante un cambio constitucional express); eliminando gran parte de su financiación; privatizando parte del sistema; y, como sólo sucede con la dependencia, reduciendo su cobertura, o sea, reduciendo el derecho sin violar la ley.

2- Otros/otras que, por cuestiones humanitarias, compasivas, caritativas y religiosas apoyan la existencia (bolsas de alimentos) de los Servicios Sociales, pero también sin apostar, ni si quiera se lo plantean, que se convierta en un derecho social, sino algo más o menos graciable y de dudosa eficacia paliativa.

3- Y por fin, los/las beneficiarios/as, los/las que gestionan esas políticas, y los/las que nos dedicamos profesionalmente a trabajar en este Sector. De estos últimos: unos más críticos, y otros más con carácter de mercenario: si desaparece el sistema, basta buscar algo mejor para seguir sobreviviendo (aquí se incluyen la mayoría de los/las políticos de los Servicios Sociales).

         Lo que no solemos percibir, es que lo que realmente tratan de modificar es nuestro concepto del problema social. En cierta manera entendemos el origen del “problema social” como un efecto nocivo del crecimiento económico, y no como producto de un tipo concreto de relaciones económicas.

Se acepta “Servicios Sociales como animal de compañía» de un modelo de crecimiento económico.

        Pero ahora no estamos ahí, por ello, el Sistema, que no está asegurado suficientemente en términos legislativos, ni introducido en el ideario colectivo, se vuelve líquido, se nos derrama de entre los dedos, como el agua.

        Por eso y muchas más «liquidaciones», las instituciones democráticas, que cada vez son más legales y menos legítimas, están convocadas a promover su propia reestructuración (no sé si tanto al modo “hara-kiri” de las Cortes Franquistas del 76), si no quieren provocar a largo plazo graves convulsiones sociales. Pero lo que nos debe quedar claro, es que las políticas que quieran dar solidez a todo un Sistema Público más que sostenible, se les debe exigir nuevas ideas sobre el desarrollo económico, no siempre vinculado al crecimiento ilimitado, que no es posible, sino a costa de otros seres humanos o de hipotecar el planeta a nuestros hijos e hijas. Por el bien de éstos, por el del país que les queremos dejar, por la tierra que habitarán, necesitamos modificar el concepto de sistema económico, ya que éste, adolece de muchas deficiencias.

       Como ejemplo, que relaciona Servicios Sociales Comunitarios con economía, bastará[3] uno. Nuestro sistema económico y las últimas tendencias legislativas no protegen lo local, lo abandonan. Esto sucede con el anteproyecto de Ley de Reforma Local, pero también el RD. de Julio de 2012 que modifica a la baja, entre otras, la Ley de la Dependencia (la intensidad de la Ayuda a Domicilio), y con la anunciada pérdida de financiación estatal del Plan Concertado para el 2014, que garantizaba prestaciones básicas en Servicios Sociales Comunitarios cofinanciadas entre la Administración Local, Autonómica y Central.

      El anteproyecto de reforma local especialmente si se implanta sin más, y la unión de las tres, desertizarán el ya maltrecho desarrollo de las pequeñas poblaciones, lo des-profesionaliza más, destruirá la cohesión social, creará exclusión social en gran población de forma irreversible. El mundo de las pequeñas poblaciones locales y rurales, desde la macroeconomía, se entiende como fuente de gastos, lleno de costosas e improductivas personas mayores, con esperanza de vida no más allá de unos años, con un coste político cada vez más pequeño, y en todo caso, con conductas electorales más fácilmente modificables dado su paulatino aislamiento. La administración de lo local no se percibe como objetivo de inversión pública, mediante políticas de desarrollo económico, de creación de productividad sostenible, de reparto de riqueza (bochornosa imagen de alcaldes a la búsqueda sin control del negocio que tuerza el rumbo del desempleo de su localidad a costa de todo, lejos de moralinas y planteamientos éticos –Eurovegas, Centros Comerciales…-). Pero la realidad es que nadie querrá emprender y vivir donde no hay colegios, ni centros de salud ni servicios sociales, ni Ayuntamiento al que dirigirse de forma rápida, próxima, cercana humanamente. Los países empobrecidos también se caracterizan por concentrar poblaciones en grandes ciudades.

          En lo tocante estrictamente a Servicios Sociales Comunitarios, por ejemplo, las/los auxiliares de ayuda a domicilio de los pequeños Ayuntamientos o las pequeñas empresas de ayuda a domicilio, con profesionales de adecuada formación, bajo el control y supervisión pública, suponen:

  •  no sólo una estabilidad laboral para familias concreta
  •  no sólo permanencia en sus municipios de origen
  •  no sólo alcanzan a costear sus gastos corrientes, los pagos de su hipoteca
  • no sólo mantienen viva la población local, y hacen más felices a sus mayores y familias, evitando su aislamiento y soledad
  •  no sólo tienen hijos e hijas que van al colegio, que acuden al médico o a la doctora que los conoce bien, o son atendidos por enfermeros y enfermeras profesionales, o acuden a actividades comunitarias y conocen sus servicios sociales en su propio Ayuntamiento,
  • sino que además, cotizan en la seguridad social, se les retiene IRPF, y contribuyen a la sostenibilidad de lo Público.

          Si esa ley entra en vigor tal cual, la adminsitración pública cada vez estará más lejos del ciudadano/a de lo que ya lo está. En la Ayuda a Domicilio, por ejemplo, una empresa de servicios (cada año más grande y de propietario desconocido) ”filial” de alguien o de alguna multinacional, gestionará estos Servicios Públicos con metodología uniforme y ajena culturalmente. Contratará directamente con la entidad autonómica central o con la provincial. Malpagará los sueldos de las auxiliares de ayuda a domicilio, que serán más precarios, mientras se garantizarán suculentos beneficios empresariales en manos de pocas personas -cuando no aparezcan nuevos “SOBRES” dada la concesión administrativa que será tan cuantiosa como atractiva para semejantes reptiles. Éstas, las profesionales, cotizarán menos o nada, se les retendrá menos IRPF o nada, no conocerán a sus jefas o jefes, abandonarán la localidad cada vez más carente de servicios públicos. En su trabajo, nadie conocido de la administración pública le servirá de apoyo a ella/él ni al dependiente, ni supervisará ni controlará los objetivos del servicio. El Servicio Público ganará paulatinamente una imagen social negativa, provocada por políticos/as que no creen en ella. No es una cuestión sólo de calidad de un servicio, sino de modelos de economía, de centralización del poder y de los recursos públicos, de concentración de la riqueza, a costa de las economías locales.

Granada era Provincia.

            Bajo el prisma de la propuesta de ley de Reforma Local, los Servicios Sociales Comunitarios de los municipios desaparecerán como los conocemos, se modificaría el apartado 2.k. de la Ley de Bases de Régimen local, de su artículo 25 que, junto con otras normativas vinculaban a las entidades locales con el despliegue de dichos Servicios Sociales. Curiosamente es sustituido en el anteproyecto de ley por las competencias sobre cementerios y actividades funerarias – art 25, 2.k. (extraños mensajes que nos lanza la norma). Nos quedaría sólo el apartado e), que nos verá reducidos a una oficina de derivación con alguna ayuda de urgencia al estilo asistencial (y que tanto nos hemos esforzado en argumentar que no existen tales “urgencias sociales” como objetivo de los servicios sociales comunitarios, sino problemáticas sociales a abordar integralmente). Quedaría reducida nuestra profesión a la contención de masas “urgentes” de población vulnerada/ble.

            Los Servicios Sociales Comunitarios, sostenidos en un porcentaje cercano al 50% por las Entidades Locales y la Administración Central mediante Plan Concertado -que caduca en 2014- pasarían a depender exclusivamente de la administración autonómica. En caso de acuerdo de ésta con una entidad local de más de 20 mil habitantes para prestarlos delegadamente, deberán traspasar las competencias con toda la dotación presupuestaria, es decir, el 100% del coste. En caso de la falta de dotación presupuestaria autonómica, los Municipios podrán prestar estos servicios, recibiendo financiación estatal, detrayéndo dicho coste de la financiación directa autonómica. Es decir, que las CCAA, o pagan el 100% del coste asumiendo todas las competencias, o pagan el 100% del coste delegando las competencias, cuando sólo aportaban en torno al 50%.

          Sólo les queda que reducir costes para garantizar una maltrecha prestación de servicios, y el argumento es el imperativo económico-legal. Si además las CCAA tienen un límite en el endeudamiento, de nuevo, con la excusa de eliminar la duplicidad de servicios/competencias (que no es cierta, sino más bien un reparto desigual –a corregir- de competencias y entidades que prestan servicios), y de economizar recursos públicos, se propone en realidad, adelgazar y destruir lo público. Se desmantela la proximidad al ciudadano, se hunde lo local, se desmantelan derechos sociales, se desmantela el Sistema Público de Servicios Sociales.

La pregunta que ronda también es: ¿por qué el Estado se sigue reservando competencias y programas en la “Asistencia Social” (art. 148, aptdo 20, C.E.) de los mayores: programas de Envejecimiento Activo (Termalismo y Vacaciones para Mayores)?¿Por qué seguir manteniendo una basta estructura como la del IMSERSO (Seguridad Social), si las competencias en Servicios Sociales debe ser  autonómicas?

¿Debe ser que los “SOBRES” ahí son más grandes?

      Y todo este entramado de adelgazamiento intencionado, sólo será por un tiempo. Los servicios privados de la dependencia que se concierten, lejos de la gestión local o de empresas locales, son un paso intermedio. Primero debatiríamos “SOBRE” sí o no a las concesiones administrativas, terciarización; luego se podrán liberalizar, se autorregularán, y pocos no tendrán problemas de acceso. Ya ha pasado con otras necesidades básicas, como el agua, la luz, transportes, energía, etc. Todo sabemos que ahora nadie controla sus precios.

          Como pudimos ver este domingo 10 de Marzo de 2013, en La Sexta TV [4], el modelo que queremos seguir, el alemán, tiende a la privatización; incluso del sistema de pensiones. Por ello, lo de los Servicios Sociales privados, sólo será una antesala de corta duración, hacia el gran negocio del siglo, los fondos y planes de pensiones privados. Como hipoteca, nos veremos forzados a entregar dinero mensualmente a una entidad financiera de letra pequeña, y dejar la vejez y la dependencia en manos privadas. Estas empresas argumentarán que tu pensión no es la que creías que ibas a tener. Los datos oficiales modificarán la esperanza media de vida, que te alargará el período de tiempo de recuperación de tu plan de pensiones, y acortará tu “pensión mensual”. Por supuesto con una sanidad privada, moriremos pronto, y la entidad se embolsará lo que no te devolvió. Lo mismo con tu «seguro de dependencia», ya que los «peritos» de estas compañías determinarán que no procede tu ayuda a domicilio o tu teleasistencia. Si quieres recurrir a un sistema sanitario éste será privado y los servicios sociales públicos serán parte de un libro de historia. Si quieres luchar para entonces te costará bastante, debido a la artrosis. Todo ello sin un Estado delgado, a dieta, que vele por tus derechos. Sólo una oficina virtual de consumo te pondrá atender, por teleoperadores mal pagados y a oscuras hablándote desde un zulo de la República Dominicana.

España era Estado Social y de Derecho. Ellos saben lo que hacen. ¿Tú sabes lo que quieres para ti o para tus hij@s?

-FIN-

Entendíamos que algunos países del Sur (con tanto recurso natural y otras bondades) no crecían por ineptitud de sus ciudadanos, o por ineptitud y corrupción de su clase política. Nosotros (OCDE, FMI y Banco Mundial) decidíamos seleccionar los premiados con Ayuda al Desarrollo, que garantice la buena relación con nuestras empresas y la garantía de sus, convenientemente sugestionados, líderes sobre pago de la deuda, o sea, liquidez siempre según nuestras condiciones, mientras sobrevivan.

Lástima que podamos leerlo tal cual, sobre nosotros mismos, pero desde el prisma hegemónico europeo: “España no crece por ineptitud de sus ciudadanos (andaluces a la cabeza, en términos de comparación estereotipada interregional), por la ineptitud y corrupción de sus gobernantes, y nosotros (Troika: Comisión Europea, FMI, BM) decidimos si somos o no flexibles con sus errores, o los premiamos con algo de liquidez, para que, además de la garantía de sus líderes, convenientemente sugestionados, de que nos pagan la deuda según nuestras condiciones, puedan tener algún gasto social en Educación, Sanidad o Servicios Sociales, para sobrevivir.

[“Se tata más bien de cerrar el círculo de la acumulación del dinero en Europa, ya que todos no podemos ser más ricos, ni tener los mismos derechos; y menos cuando países del Sur, fuera de Europa, viejos clientes del FMI  y  del Banco Mundial y de nuestras empresas, ya están esquilmados, o son conflictivos y requieren mucho control y esfuerzo para normalizar nuestra presencia. O, en cambio, se están emancipando, conscientes de que su deuda es injusta, odiosa dicen ellos, no la aceptan, y varios Estados con apoyo popular optan por la protección de sus propios recursos y ello redunda directamente en bienestar de sus ciudadanos.

Se trata de crear un Sur en el Norte, donde la rentabilidad inmediata es más alta y las sociedades están más individualizadas, atomizadas, y ya no hay tradición de conciencia social opositora a políticas de ajuste guiadas. Diseñar Gobiernos en esos países, que permitan generar deuda pública sobre el PIB, y que a su vez, como oligarquías, sus empresas familiares se beneficien de las privatizaciones, es ahora la tarea más importante de la geopolítica financiera. Tal y como se hizo siempre con países en vías de desarrollo y sus recursos naturales tan necesarios para nuestro crecimiento. Siempre quedará compensar con Ayuda Humanitaria desde fuera y la beneficencia desde dentro (y mejor en países de tradición religiosa).”][5]

 Juan López Menchón.

Trabajador Social anaranjado.

[1] Zigmunt Bauman es un sociólogo, polítólogo, filósofo y ensayista polaco, creador del concepto de la Modernidad Líquida, metáfora mediante la que explica conceptos enfrentados a la solidez de éstos.

[5] Reflexión imaginada de la Troika, expuesta por un orador durante una Asamblea popular abierta en Madrid en los días posteriores al 15 de Mayo de 2011.